Héctor Garrido 20m

• “No quiero causar perjuicio alguno ni a la compañía ni a la labor institucional y política que desempeña con tanto esfuerzo y sacrificio mi mujer”, explica.
• Ignacio López del Hierro Bravo era uno de los seis nuevos consejeros que Red Eléctrica de España iba a nombrar en su Junta General de Accionistas.
• El esposo de la presidenta castellano-manchega, como consejero independiente, iba a percibir una retribución de entre 153.000 euros y 182.000 euros.
• Otro de los propuestos para el Consejo, Alberto Nadal, hermano del director de la Oficina Económica de Moncloa, también ha renunciado al cargo.

El nombramiento de José Folgado como nuevo presidente del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España (REE) ha traído cambios en el órgano de gobierno de la compañía. Seis de los 11 consejeros abandonarán su cargo. Y entre los sustitutos, cuyos nombres serán propuestos en la Junta General de Accionistas del 19 de abril, se encontraba Ignacio López del Hierro Bravo, esposo de la presidenta castellano-manchega María Dolores de Cospedal.

Hasta esta noche. Las críticas a su nombramiento, conocido este jueves, han provocado que López del Hierro, que ya es consejero de otras tres compañías (Renta Corporación, Amper e Itínere) haya renunciado a su futuro cargo por el que iba a percibir entre 153.000 euros y 182.000 euros anuales. Al menos, ésa fue la retribución de los siete consejeros independientes en Red Eléctrica durante el ejercicio 2011, tal y como figura en su Informe sobre Política Retributiva.

“No quiero causar perjuicio alguno ni a la compañía ni a la labor institucional y política que desempeña con tanto esfuerzo y sacrificio mi mujer”, ha argumentado el marido de la secretaria general del Partido Popular en un comunicado que ha emitido esta noche.

Algunas horas antes, la diputada del PSOE castellanomanchego Blanca Fernández había acusado al PP de “incoherencia política” porque la portavoz de los populares manchegos, Ana Guarinos, había anunciado durante la etapa de Gobierno socialista en la región, que elaborarían una proposición no de ley para impedir más de un sueldo público en un mismo hogar“. El empresario ha justificado en su comunicado, sin embargo, que “el 75% de REE es de capital privado”.

Unos 12.000 euros por Consejo

La retribución del Consejo de REE -participada al 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), su principal accionista- tiene dos partidas. La primera, una asignación fija mensual en concepto de dietas por asistencia a la reuniones, que otorgó a los consejeros el año pasado una gratificación de 56.000 euros por las 11 reuniones celebradas. La segunda, es una retribución variable que ascendió a 97.000 euros por consejero.

La suma de ambos conceptos resultan en esos 153.000 euros mínimos. Pero un consejero puede cobrar más en REE si acude a comisiones internas. El exministro de Economía Miguel Boyer, que también forma parte del Consejo de REE como independiente, percibió 153.000 euros al no pertener a ninguna de estas comisiones. Sin embargo, uno de los seis consejeros salientes, Antonio Garamendi, percibió 29.000 euros adicionales por este concepto.

En el caso del presidente del Consejo de Administración, José Folgado, las retribuciones serán mayores. El sustituto de Luis Mª Atienza al mando de REE -desempeñó cargo de consejero independiente en REE desde 2008- ganará 822.000 euros repartidos entre una retribución fija de 404.000 euros, una retribución variable de 316.000 euros, otros 17.000 euros de aportación a seguros de vida y pensiones, así como las cantidades antes citadas de asistencia a reuniones y pertenencia a comisiones.

El número de reuniones del Consejo es, como mínimo, de cuatro al año. Una por cada trimestre. Pero la empresa estipula un número indefinido y “cuando lo requiera el interés de la compañía”, según se explica en sus Estatutos Sociales. En el año 2011, por ejemplo, se celebraron 11 reuniones del Consejo de Administración.

Las cifras no variarán con toda posibilidad este año. De hecho, según el Informe de Gobierno que presentó la compañía a finales de 2011, el importe global de la remuneración del Consejo -1.886 millones de euros- se ha mantenido sin cambios desde 2007. Este medio intentó contactar con la compañía durante la tarde de este jueves, sin éxito.

El esposo de la dirigente popular habría desempeñado su cargo en el Consejo de Administración durante cuatro años, con la posibilidad de ser prorrogados indefinidamente, tal y como establece el artículo 20 de los Estatutos Sociales de REE. El Informe de Gobierno de la empresa, además, refleja que “no se puede proponer el cese de los consejeros independientes antes del cumplimiento del período estatutario (…) salvo por causa suficiente”.

También renuncia Alberto Nadal

López del Hierro ya no formará parte del Consejo. Y tampoco Alberto Nadal, hermano del director de la Oficina Ecónomica de Presidencia, Álvaro Nadal, que también había sido propuesto como consejero independiente y que este jueves también comunicó su renuncia.

“Que no quepa ninguna duda que empañe mi trayectoria profesional ni perjudique a la empresa”, afirmó Nadal en un comunicado, donde explica que su renuncia se debe a la “interpretación que de dicho nombramiento se ha hecho por parte de algunos medios”.

Los seis nuevos consejeros iban a sustituir a los salientes Luis Atienza Serna, Rafael Suñol Trepat, Manuel Alves Torres, María Jesús Álvarez González, Antonio Garamendi Lecanda y Arantza Mendizábal Gorostiaga. Seguían en el Consejo: Miguel Boyer, María de los Angeles Amador, Francisco Javier Salas y Rui Manuel Janes Cartaxo.

Habrá que ver ahora si REE nombra a otros dos consejeros en sustitución de López del Hierro y Nadal… o deja en nueve el número de miembros de este órgano de gobierno.

La compañía controlada por SEPI cuenta como principales accionistas con HSBC Holdings, con un 3,239% del capital, Talos Capital y The Children’s Investment Fund (ambos con 3,087%), First Eagle Investment con un 3,055%, MFS Investment con el 3,046% y Fidelity Internacional, que alcanza el 1,004%.

AGENCIAS

• El miércoles el Banco Santander fue de las primeras entidades en hacerlo.
• Las cajas dicen que este código casa con su “lucha contra la exclusión”.
• El Gobierno aprueba un Código de Buenas Prácticas contra los desahucios.

Todas las cajas y grupos de cajas de ahorros españolas y la mayoría de bancos han anunciado su decisión de adherirse al Código de Buenas Prácticas que incluye medidas que buscan minimizar el problema de los desahucios para las personas que se encuentran en el umbral de la exclusión social.

En un comunicado remitido este jueves por la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) se explica que todas estas entidades y grupos de ellas han expresado su intención de adherirse al citado Código, que atiende a uno de los objetivos “fundamentales” de las cajas, su “tradicional lucha contra la exclusión social y financiera”.

Así, según la CECA, las cajas que se han adherido a este Código son Caixabank, Bankia, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank, Grupo BMN, Liberbank, Caja España-Duero, CataluñaCaixa, Novagalicia Banco, Banca Cívica, Caja 3, Caixa Ontinyent y Caixa Pollensa.

Pese a su adhesión al Código, la CECA ha recordado que estas entidades ya habían puesto en marcha medidas para los clientes que se encuentran “en situaciones de extrema vulnerabilidad”, como refinanciaciones o periodos de carencia, unas iniciativas que también llevan a cabo los bancos.

En el caso del Banco Santander, además de adherirse al Código, mantendrá la medida de moratoria hipotecaria que anunció el pasado verano y con la que dice que ha dado soluciones a 9.820 familias con hipotecas por un total de 1.634 millones de euros. Además del Santander también se han adherido al Código, el Banco Popular, Banco Pastor, Targobank -entidad participada a partes iguales por el Popular y Crédit Mutuel-, Banco Sabadell y Bankinter, además de Cajamar o el grupo de rurales CRM.

De las grandes entidades, aún falta por conocer la decisión del BBVA, entidad que lo está estudiando. El Código de Buenas Practicas se incluye en un real decreto aprobado por el Gobierno con medidas para paliar el problema de los desahucios en familias en riesgo de exclusión social, aquéllas con una única vivienda, todos sus miembros en paro y sin rentas del trabajo.

La banca que asuma el Código de Buenas Prácticas tendrá que refinanciar las hipotecas de las familias con riesgo de exclusión social. Antes de que se haya iniciado la ejecución de la propiedad, los hipotecados podrán pedir a su banco una carencia de 4 años en los que sólo pagarán intereses, la ampliación de la hipoteca a 40 años y la reducción del interés aplicable a euríbor más 0,25 puntos.

EP

• Según el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
• Sin embargo, no ha precisado qué porcentaje de subida se aplicará.
• Fuentes del sector dicen que la subida podría rondar el 7%.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado este jueves, en declaraciones a los medios en el Pleno del Congreso, que el recibo de la luz subirá a partir del 1 de abril, aunque ha asegurado que “se equivoca radicalmente” quien piense que todo recaerá “en la espalda de los consumidores” porque el Ministerio prepara ya un “mix” de recortes de gastos y subida tarifaria.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que se da la razón a las eléctricas que denunciaron al Gobierno por no subir su tramo del recibo de la luz, el Ministerio deberá “incrementar el precio del recibo de la luz”. “Lo previsible es que desde el 1 de abril haya un incremento de la tarifa“, ha concedido Soria.

Eso sí, ha asegurado que “no todo va a ser a cuenta del consumidor” ya que la Secretaría de Estado de Energía “reducirá los costes”, sobre todo los conocidos como ‘peajes’, más allá de limitarse a aumentar ingresos. Sin embargo, no ha precisado qué porcentaje de subida se aplicará a cada posibilidad. Fuentes del sector consultadas por 20 minutos dicen que la subida podría rondar el 7%”

El Supremo ha obligado al Gobierno a compensar el desajuste de unos 1.000 millones de euros generado porque en enero no se incrementaron de forma suficiente los peajes o la parte regulada de la tarifa.

EFE

• Deberán remitir al Ministerio de Hacienda la relación de la deuda que tienen pendiente con los proveedores.
• Este es el paso previo para acceder al plan de ayudas del Gobierno.
• El plan pone a disposición 18.000 millones para hacer frente a las facturas.
• A cambio, las administraciones deberán elaborar planes de ajuste.

Este jueves acaba el plazo para que los ayuntamientos remitan al Ministerio de Hacienda la relación de la deuda que tienen pendiente con los proveedores, paso previo para poder acceder al plan de ayudas del Gobierno que les permitirá hacer frente a las facturas pendientes.

Aún no se conoce el montante total que los municipios declararán a Hacienda como deuda con los proveedores, aunque el Gobierno pondrá a su disposición unos 18.000 millones de los 35.000 que prevé el plan para acabar con la morosidad de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Según las condiciones que se han acordado, las administraciones locales y autonómicas podrán acceder a créditos a diez años, con dos de carencia, y a un tipo de interés accesible, según dijo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Para los ayuntamientos, el calendario para conseguir esos créditos comienza este jueves con la finalización del plazo para remitir la relación de facturas.

Las condiciones es que éstas sean vencidas, líquidas y exigibles; que esté registrada antes del 1 de enero de este año y que se trate de obras, servicios, suministros o gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión.

Deberán aprobar planes de ajuste

Si los ayuntamientos quieren beneficiarse del plan, antes del 31 de marzo deberán aprobar un plan de ajuste, que será remitido al Ministerio de Hacienda al día siguiente de que sea aprobado por el pleno municipal.

Hacienda realizará un estudio del mismo y si el resultado es favorable, el ayuntamiento podrá solicitar el préstamo correspondiente.

Para ayudar a los ayuntamientos a elaborar ese plan de ajuste, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha abierto una oficina de atención a las entidades locales integrada por miembros de las áreas económica y jurídica de esta organización.

Además, según fuentes de la FEMP, esta federación ha recibido más de cien consultas de todo tipo por parte de los ayuntamientos para conocer todos los detalles del plan y poder acceder al mismo.

AGENCIAS

• Acusan a la compañía de “no luchar por los intereses de los argentinos” y le dan un plazo de 90 días para entregar los yacimientos.
• Las licencias retiradas en Chubut y Santa Cruz suponen alrededor del 3,48 de la producción total de gas y petróleo de YPF en Argentina.
• La compañía anuncia que  “emprenderá las medidas legales oportunas para garantizar sus derechos y para la exigencia de responsabilidades públicas”.

Argentina ha pasado de las amenazas a los hechos en la escalada contra YPF, controlada por la española Repsol, que recurrirá a la justicia contra la retirada de licencias en cuatro áreas de las provincias de Chubut y Santa Cruz, dos de las mayores provincias petroleras del país.

La retirada de las licencias a YPF fue anunciada este miércoles por los gobernadores de ambas provincias del sur argentino en un acto multitudinario en el que acusaron a la compañía de “no luchar por los intereses de los argentinos” y advirtieron de que si “no hace lo que corresponde” seguirán “avanzando” contra la empresa.

En conjunto, las licencias retiradas suponen alrededor del 3,8% de la producción total de gas y petróleo de YPF en Argentina, según cifras oficiales, aunque el conflicto que enfrenta al Gobierno de Cristina Fernández con la petrolera ha causado a la empresa pérdidas millonarias en la bolsa.

Este mismo miércoles, Repsol cayó el 0,79% en el Ibex y Moody’s rebajó la calificación de la deuda a largo plazo de la compañía de Baa1 a Baa2, lo que supone mantenerse dentro de la calidad aceptable o media, con perspectiva estable, aunque, en la bolsa de Buenos Aires, YPF subió 0,53 por ciento.

La compañía “emprenderá las medidas legales oportunas para garantizar la defensa de sus derechos y para la exigencia, en su caso, de responsabilidades públicas”, advirtió YPF en un comunicado.

Plazo de 90 días

Chubut retiró a YPF las licencias para operar en las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido y le dio un plazo de 90 días para entregar los yacimientos. Para el gobierno provincial, la petrolera incumplió de forma “sustancial e injustificada” sus obligaciones en materia de “productividad, conservación, inversión y trabajo”.

Por el contrario, según YPF, en Chubut se registró “un crecimiento ininterrumpido de inversiones desde el año 2009, que asciende a 350 millones de dólares en 2011, lo que representa un incremento del 236% en ese periodo”. “No están dadas las condiciones de seguridad jurídica en la provincia que permitan a YPF y sus socios el normal desarrollo de sus actividades según los establecido en la Ley de Hidrocarburos y la Constitución Nacional”, denunció la compañía.

Santa Cruz, por su parte, decretó la caducidad de las licencias en las áreas Los Monos y Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte. “No lo hacemos de guapos, sino porque tomamos las decisiones que tiene que tomar el Estado para defender los recursos“, dijo el gobernador de Chubut, Martín Buzzi.

El funcionario afirmó que se trata de una decisión “tomada con suma responsabilidad” y advirtió de que YPF tiene ahora la “oportunidad de jugar como corresponde” en las otras áreas que opera en Chubut o, de lo contrario, perderá otras licencias.

“Hay que recuperar la soberanía energética. Nos cansamos de participar en mesas de concertación, nos cansamos de políticas que se dirigen en España para que vengan a sacar el petróleo de la Patagonia”, dijo el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. “El 50% de la energía de este país lo produce una sola empresa que ha decidido no luchar por los intereses de los argentinos”, denunció.

EFE

• La gasolina y el gasóleo marcan máximos con alzas del 6% y el 4% desde enero.
• El litro de gasolina se vende de media a 1,451 euros; mientras que el gasóleo lo hace a 1,390 euros.
• Son incrementos del 0,97% y el 1,91% frente a los datos de la semana pasada.

La gasolina de 95 y el gasóleo, los carburantes más vendidos en España, han marcado nuevos máximos en la última semana y acumulan ya incrementos del 6,85% y del 4,04% respectivamente desde que comenzara el año, según los datos del boletín petrolero de la Unión Europea (UE) publicados este miércoles.

Los datos, correspondientes al pasado lunes, señalan que el litro de gasolina se vende de media a 1,451 euros; mientras que el gasóleo lo hace a 1,390 euros, lo que supone incrementos del 0,97% y el 1,91% frente a los datos de la semana pasada.

Con estos precios, llenar un deposito medio de 50 litros es 4,6 euros más caro que a principios de este año en el caso de la gasolina y unos 3 euros más en el del gasóleo. En lo que va de año, los precios de los carburantes han marcado ya tres máximos.

Con respecto a las mismas fechas del año pasado, la gasolina está un 8,53% más cara y el gasóleo un 7,59%.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotiza en el entorno de los 125 dólares tras varias jornadas al alza. Frente a los precios de España, la gasolina sin plomo de 95 octanos se vende a una media de 1,634 euros por litro en la UE-27 y en la zona del euro se paga a 1,668 euros el litro, mientras que el precio del gasóleo de automoción es de 1,515 euros y de 1,5 euros, respectivamente.

EFE

• La norma establecía la adhesión voluntaria.
• Se espera que a principios de abril se conozca el listado de las entidades que se han sumado.
• Afecta a viviendas de menos de 200.000 euros.
• CatalunyaCaixa también ha aprobado la adhesión.

El Banco Santander se convierte en la primera gran entidad que anuncia su adhesión al Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno con el fin de frenar los desahucios en familias con riesgo de exclusión social.

Además, el grupo que preside Emilio Botín explica en un comunicado que mantiene la medida de moratoria hipotecaria que anunció el pasado verano y con la que asegura que ha dado soluciones a 9.820 familias con hipotecas por un total de 1.634 millones.

El Código de Buenas Prácticas se incluye en el real decreto-ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado.

La norma establecía la adhesión voluntaria, durante un periodo de al menos dos años, de las entidades financieras a dicho código y en los últimos días otras instituciones de menor tamaño que el Santander, como Cajamar o el grupo de rurales CRM anunciaron también que se apuntaban.

Se espera que a principios de abril se conozca el listado de las entidades que se han sumado y que, según ha reconocido públicamente el Gobierno, espera que sean muchas a pesar de las reticencias que ha recibido en el sector financiero.

El consejo de administración de CatalunyaCaixa también ha aprobado la adhesión al Código de Buenas Prácticas.

Cómo evitar el desahucio

Las familias que se encuentren en situación extrema, es decir con todos sus miembros en paro y con escasos ingresos que se dedican al menos en un 60 % a la cuota hipotecaria, podrán refinanciar el préstamo con el que adquirieron su única vivienda, que no podrá valer más de 200.000 euros en las grandes ciudades ni más de 120.000 en los núcleos más pequeños.

Con la refinanciación, las familias obtendrán cuatro años en los que sólo pagarán intereses, podrán alargar el plazo de su hipoteca hasta un máximo de 40 años y pagarán un interés de euríbor más 0,25 puntos.

Si después de estas medidas la cuota a pagar se sigue llevando el 60% de los ingresos con que cuenta la familia, el cliente podría pedir a su banco que estudie si aplica una quita de parte del capital pendiente de pago.

Si no recibe el visto bueno de la entidad o aún obteniéndolo, la familia es incapaz de pagar su cuota, podrá entregar la vivienda al banco y saldar con ello su deuda, teniendo la opción de permanecer en el inmueble en alquiler al menos dos años.

En paralelo al Código de Buenas Prácticas, el Banco Santander incide en que mantendrá su moratoria hipotecaria para que las familias que han visto reducir sus ingresos o en las que uno de sus miembros esté en paro puedan aplazar el pago del capital durante tres años sin variar las condiciones financieras.

EFE

• Expresaron en Roma su convencimiento de que ahora es necesario apostar en Europa por el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.
• Merkel definió como “valientes” las reformas en Italia y aseguró que “es necesario encontrar el equilibrio entre estabilidad y sostenibilidad fiscal”.
• La canciller alemana asegura que, a finales de marzo, habrá una postura común a nivel europeo sobre la ‘Tasa Tobin’.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro italiano, Mario Monti, han coincidido este martes en que la fase “más aguda” de la crisis financiera de la Unión Europea (UE) parece superada, aunque instaron a los socios comunitarios a que no se relajen.

Tras un encuentro mantenido en Roma, Merkel y Monti comparecieron en rueda de prensa para expresar su convencimiento de que ahora es necesario apostar en Europa por el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, sobre todo para los más jóvenes.

“Nos hemos detenido sobre el hecho de que en esta fase de la vida europea en la que la crisis financiera más aguda parece superada no nos podemos relajar ni desde el punto de vista interno, por lo que cada país tiene que atender a una mayor competitividad, equilibrio y crecimiento, ni desde el de las políticas europeas”, comentó Monti.

“De hecho, tras la firma del pacto fiscal, es necesario que la UE entre en un fase en la que preste atención al crecimiento y la ocupación, sobre todo la juvenil”, agregó.

El jefe del Gobierno italiano indicó que ha encontrado con el Ejecutivo alemán “fuertes consonancias” en lo que se refiere a una estrategia europea para el crecimiento económico y anunció que el próximo verano ambos Estados celebrarán en Italia una cumbre intergubernamental.

“Hemos decidido cooperar estrechamente en algunos instrumentos para la política del crecimiento, relativos sobre todo a los servicios, a la innovación, a la movilidad en el trabajo y a las redes industriales“, apuntó Monti, quien insistió en que Europa no debe descuidar el objetivo de estabilidad presupuestaria.

En este sentido, Merkel, quien definió como “valientes” las reformas económicas acometidas por el Ejecutivo de Monti, aseguró que “es necesario encontrar el equilibrio entre estabilidad, sostenibilidad fiscal y solidaridad” y advirtió de que aún no se ha llegado “al final del camino” para hacer que Europa sea “más competitiva”.

Apuesta por la Tasa Tobin

“Tenemos que llevar adelante el trabajo iniciado para la Europa del futuro. Italia y Alemania están muy unidas: nuestro trabajo sobre el crecimiento y la ocupación laboral sigue adelante porque queremos alcanzar objetivos precisos. Tenemos que dar a todo el mundo una oportunidad de trabajo”, incidió la canciller alemana.

Merkel apostó asimismo por una Unión Europea “fuerte”, con una coordinación entre sus Estados miembros “cada vez más estrecha” y en la que cada uno de ellos aporte su contribución, con un mercado interno común para las infraestructuras y servicios, en el que haya una mejor movilidad de las fuerzas laborales.

Ambos mandatarios se refirieron además a la tasa sobre las transacciones financieras que han promovido Alemania y Francia, sobre la que, dijo Merkel, a finales de marzo habrá una postura común a nivel europeo y para la que “se están explorando todas las posibilidades”.

“Esta mañana en el Ecofin he dicho que puede ser oportuno introducir la ‘Tobin tax’ (la tasa financiera) en esta fase histórica y financiera, pero tiene que ser realista y que no distorsione, es decir, que se aplique a un número de países determinado, al menos los de la zona euro”, incidió Monti.

El buen comportamiento de los fondos vinculados a estas referencias “híbrido” entre renta fija y acciones está siendo una de las sorpresas positivas de los últimos meses. Su revalorización en 2012 ha venido motivada tanto por el componente de renta rija como por la opción sobre renta variable y, además, ha ido acompañada de un moderado nivel de volatilidad.

De cara al corto/medio plazo, la apuesta por la renta fija convertible se presenta como una interesante alternativa para los inversores que opten por la toma de beneficios en las posiciones de renta variable de su cartera y no deseen renunciar de manera total a la posibilidad de beneficiarse de un nuevo rally bursátil.

Otro aspecto positivo de está categoría es la amplia gama de fondos mediante la cual podemos llevar a cabo la inversión. La gestión activa de la delta mediante el rebalanceo entre referencias más defensivas (bond like) o más sensibles a la evolución de los índices bursátiles (equity like) facilita la generación de alfa y posibilita la graduación de los fondos según el perfil de riesgo.

A continuación se muestra la evolución y las principales medidas de performance de los principales fondos de la categoría, dónde se pueden observar los diferentes perfiles de riesgo existentes dentro de la categoría:

Guillermo Fernández Dono

EP

• Las entidades, dice el banco suizo, han utilizado la liquidez para sanear balances, afrontar vencimientos e incluso comprar deuda pública.
• Según UBS, apenas el 4% del total de los recursos prestados por el BCE acabará en préstamos a empresas y hogares.
• Banco Santander, Intesa y Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, fueron los tres bancos europeos que más dinero pidieron.

El objetivo último de la barra libre de liquidez del BCE era reactivar el crédito a la economía real pero, según los cálculos del banco suizo UBS, apenas el 4% del total de los recursos prestados acabará en préstamos a empresas y hogares.

Las entidades han utilizado la liquidez para sanear balances, afrontar vencimientos, aprovechar la facilidad de depósito del instituto emisor y comprar deuda pública, principalmente. Según UBS, la banca española ha incrementado su tenencia de deuda pública en 52.000 millones de euros, un 30%, en los dos meses posteriores a la primera subasta de financiación.

Banco Santander, Intesa y Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, fueron los tres bancos europeos que más dinero pidieron en la última subasta de liquidez llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) el pasado mes de febrero

El banco que preside Emilio Botín solicitó unos 42.500 millones de euros en la última sesión de la barra libre de liquidez del organismo que preside Mario Draghi, mientras que la apelación por parte del italiano Intesa y de BFA ronda los 36.000 millones de euros en ambos casos.

En el cuarto puesto del ranking de entidades que más financiación solicitaron al BCE a un tipo de interés del 1% y un plazo de tres años figura Crédit Agricole (35.000 millones), seguida de Bank of Ireland (22.500 millones).

A continuación, figuran con una apelación al BCE de en torno a los 22.000 millones de euros, tanto BBVA como BNP Paribas y Société Generale. También aparecen en el ranking otros bancos españoles como Popular (12.500 millones), Sabadell (12.000), Bankinter (9.000) y Banesto (6.000).

UBS dice además en su informe que tanto las hipotecas como los préstamos a pequeñas y medianas empresas en España han caído a un nivel que supone la quinta parte de los niveles máximos registrados, lo que da una idea de la profundidad del ‘credit crunch’ en el país.

Asimismo, achaca al sistema financiero español el deterioro de las finanzas públicas y de la desviación del déficit desde el 4,4% hasta el 5,8% en 2012. “La desviación está relacionada directamente con la situación del sistema financiero más que con factores externos”, asevera.